Cada día que pasa, Perú se configura más como un estado fallido. Un Estado sin independencia de poderes, donde las instituciones ya no funcionan bien sea por ineficiencia interna o por la corrupción. Desde la dictadura de Alberto Fujimori hasta el régimen autoritario actual con la presidenta títere Dina Boluarte, el neoliberalismo ha sido el norte de los gobernantes. Durante 30 años, han desmantelado el Estado y lo han reducido a su mínima expresión; un reducto sin poder de ejecución, supeditado a los intereses de las transnacionales y manejado según los estándares que USAID imponía tanto al Estado como a su red de ONG.
Hace pocos días, se derrumbó el puente que une la ciudad (y el puerto) de Chancay a Lima y al sur del continente. Según el ministerio de Transporte con la puesta en operación del megapuerto de Chancay centenares de camiones de carga transitarán a diario por este eje vial que hoy se encuentra inoperativo. Al igual que el puente defectuoso y la mayoría en el territorio nacional, esta carretera fue privatizada. A pesar de las advertencias emitidas desde el año 2020, la empresa concesionaria AENZA (ex Graña y Montero, la empresa de construcción más importante de Perú) no hizo el mantenimiento respectivo. Pese a tratarse de una infraestructura de alto rango estratégico, el Estado fue incapaz de exigir de la empresa el cumplimiento de sus deberes. Luego de esta tragedia que además cobró cuatro vidas, el Estado no ha revisado las otras concesiones que mantienen con la empresa. El pueblo peruano sigue a merced de los lobistas de esta poderosa empresa de construcción que logró tapar rápidamente este escándalo.
Pocos días después de la tragedia de Chancay, otro accidente enlutó a las familias peruanas demostrando nuevamente la inacción de las autoridades. El techo del centro comercial Real Plaza de la ciudad de Trujillo se derrumbó sobre los usuarios, dejando numerosos heridos y matando esta vez a seis personas. Hace unos años, el alcalde había advertido de la necesidad de cerrar este centro comercial para evitar una tragedia. Empleados de la alcaldía habían sido judicializados por el emporio económico Intercorp, dueño de la cadena de Centros Comerciales, por fiscalizar las instalaciones en Trujillo. Los lobistas del poderoso grupo económico en el Congreso blindaron la empresa con una ley que despreciaba la seguridad y la vida de los peruanos.
Después de treinta años de neoliberalismo, el Estado peruano ha sido totalmente desmantelado, privatizado, e infiltrado por grupos de lobistas que logran imponer los intereses de los grupos económicos por encima de la colectividad nacional. Las tareas básicas del Estado han sido abandonadas y asumidas por grupos mafiosos infiltrados en el poder político. La educación y la salud hoy son un negocio que excluye a las grandes mayorías. La justica y la seguridad también son reservadas para unas minorías. Unos transportistas, confiaron a La Línea, que habían logrado un acuerdo con el grupo criminal que los extorsionaba. “Al no ser atendidos por el gobierno preferimos llegar a unos acuerdos de empresa a empresa” nos precisó el líder del gremio.
Cuando un estado falla en poner una clara frontera entre lo criminal y lo legal, todo está normalizado y legalizado. El Estado fallido promueve la ley del más fuerte. Del que tiene armas o lobis, del que puede someter o comprar jueces, policías o políticos para garantizar su impunidad.
En 30 años, ningún gobierno ha intentado revertir la implementación del neoliberalismo En los escombros del Estado peruano, brilla la esencia este sistema. La destrucción de los comunes -y del Estado como expresión institucional de los intereses colectivos- ha creado un monstro que es necesario revertir.
Romper con el neoliberalismo significa reconstruir el Estado en Perú, y pensar sus instituciones como herramientas útiles para el bien común. Urge una reflexión nacional sobre el papel del Estado y una nueva geometría del poder para democratizar instituciones y ponerlas al servicio del pueblo. Sin ella, las intenciones para refundar la Patria quedarán en letra muerta.
Tomar el poder sin reformar el Estado es una quimera, porque administrando este Estado fallido seguiremos atrapados en el derrumbe.
La Línea