El pasado 10 de octubre, las elites políticas peruanas decidieron retirar su apoyo a Dina Boluarte e iniciar sus campañas electorales sin el lastre de una mandataria que batía el récord mundial de impopularidad. Ese mismo día, de forma unánime, el Congreso de Perú colocó la banda presidencial a José Jerí, una persona que al igual que Boluarte no fue electo para ocupar el cargo. Una nueva burla a la voluntad popular que profundiza la crisis.
Con el ascenso de José Jerí, Perú suma otro triste récord: de los ocho presidentes que en nueve años desfilaron por el Palacio de Pizarro, solo dos fueron elegidos por el pueblo. El nuevo mandatario fue electo congresista por Lima con apenas 10.000 votos y tiene sendas denuncias por peculado y enriquecimiento ilícito. Según han declarado algunos empresarios en el juicio que sigue la Fiscalía, el actual presidente actuaba en el Congreso como un lobista bien remunerado. Para colocar un proyecto de ley en comisión, Jerí habría cobrado 100.000 dólares. Y si lograba que la ley se aprobara en el pleno del hemiciclo, el empresario debía pagarle 200.000 dólares adicionales como “bono de éxito”. Con este sistema, Jerí pasó de vivir con sus padres al inicio de su ejercicio congresal, a comprarse un apartamento de lujo en Lima además de dos casas de playa.
Como si estas denuncias fueran poco, una de sus colaboradoras denunció al nuevo presidente por violación sexual. La joven afirma que Jerí la drogo colocando sustancias en su bebida antes de abusar de ella. Horas antes de ser juramentado en la más alta investidura nacional, Jerí tuvo la buena idea de actualizar sus redes sociales y dejar de seguir cerca de 300 cuentas pornográficas. Sólo quedaron registradas numerosas publicaciones y comentarios que muestran a la ciudadania lo maniaco sexual que es. Después de una mandataria asesina, frívola y corrupta, otra joya asume la presidencia. El maestro Pedro Castillo, el ultimo político peruano digno y honesto que asumió la presidencia con más de nueve millones votos, fue enviado a la carcel por este sistema putrefacto.
Por ahora, José Jerí parece gozar de apoyos claves que aseguran su continuidad en el cargo. Dentro del Congreso, la ultra derecha liberal y colonial (y sus aliados marxistas leninistas de Peru Libre) forman un bloque que le brinda estabilidad y ya neutralizó un pedido de remoción del cargo. Por fuera del poder legislativo, Jeri cuenta con el respaldo de la clase empresarial, a la cual, cuando fue secretario de la comisión de economia y luego presidente del Congreso, les concedió la infame ley de Zonas Economicas Especiales Privadas (ZEEP). Esta ley entrega a la Sociedad Nacional de Industria y a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas el manejo de territorios donde las empresas no pagarán impuestos y tendrán un reglamento laboral y ambiental a conveniencia. Una vergüenza antipatriótica concebido en la línea de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico de Honduras. Además, José Jeri se ha asegurado el apoyo de los grandes medios de comunicación y el sostén indefectible de las Fuerzas Armadas y policiales.
Pero si algo no posee el nuevo mandatario encargado es respaldo popular. En su gran mayoría el pueblo rechaza su falta de legitimidad e idoneidad para ejercer el cargo. Es por ello que las calles de Perú volvieron a encenderse con multitudinarias movilizaciones respondidas con brutalidad policial. El 15 de octubre de 2025, gremios estudiantiles, transportistas, comerciantes, jóvenes de la denominada generación Z, trabajadores y ciudadanía en general colmaron las calles exigiendo la renuncia de Jerí. La represión policial nuevamente fue abusiva y letal, dejando otro peruano asesinado y decenas de heridos y detenidos. Ante los graves sucesos, el nuevo premier, el ultraconservador Ernesto Alvarez, tildó a los manifestantes de violentos y anunció un nuevo estado de emergencia para la capital.
En realidad, la ciudadanía en Perú no ha dejado de manifestarse expresando su rotundo rechazo a la clase política enquistada en el poder. Desde el estallido andino tras la destitución ilegal de Pedro Castillo a fines del 2022 e inicios del 2023, las movilizaciones han continuado sumando nuevos sectores, con sus propias lineas y sus propias estrategias. Los transportistas agobiados por la extorsión y el sicariato, los trabajadores de la minería informal, los jóvenes precarizados contra las AFP, entre otros actores sociales han demostrado su descontento en nutridas marchas respondidas con creciente violencia estatal. Se trata de manifestantes muy heterogéneos y movidos por intereses divergentes, pero unidos por el mismo descontento con el sistema actual y la frustración de ser representado por una clase política corrupta.
A siete meses de las elecciones generales de abril 2026, no se percibe una fuerza política o un liderazgo carismático capaz de aglutinar en una misma bandera estas fuerzas mayoritarias pero atomizadas. Tampoco existe un proyecto programático de país que les permita articular una salida conjunta a la crisis. Los sectores movilizados carecen de una estrategia definida y se percibe una creciente desconfianza hacia una salida electoral. Tampoco los partidos politicos existentes han podido aprovechar el furor de las calles. Este desconcierto favorece al poder, y por ahora le asegura una relativa estabilidad. Por ahora.
La Línea
Foto: Kevin Puelles