Hace dos años, el golpe perpetrado por el Congreso, Fiscalía, grupos de poder económico, fuerzas armadas y policiales contra el presidente constitucional Pedro Castillo desató la ola de protesta más grande de las últimas décadas. Durante tres meses campesinos, indígenas, trabajadores informales, el “sujeto plebeyo” forjado en adaptación y resistencia al neoliberalismo, tomó calles y plazas con un protagonismo político nunca visto.
Durante semanas el estallido logró paralizar el país y agrupar a los sectores populares en torno a reivindicaciones políticas de carácter nacional como la renuncia de la usurpadora Dina Boluarte, el cierre del Congreso golpista y una nueva constitución. Jaquearon el decadente orden político signado hasta entonces por reivindicaciones sectoriales y territoriales que hasta entonces caracterizaban las protestas. La intensidad del estallido fue brutalmente respondida por el nuevo régimen con saldo de 50 peruanos asesinados,1200 heridos, y 1800 lideres sociales judicializados. A la fecha, todavía nadie este preso por estos asesinatos
Este movimiento tectónico no incluyó el diseño de un horizonte transformador ni contó con la correlación organizativa necesaria para remover el sistema político instituido. No faltaron los errores tácticos como desgastar a los manifestantes con una larga estadía en Lima que fue diluyéndose en una urbe de 11 millones de habitantes. También existieron fallas estratégicas como no aprovechar el momento de ebullición para conformar un gran frente político partidario. Resaltó además la ausencia de liderazgos legitimados que pudieran unificar al pueblo en tiempo de protesta, más allá de la figura del encarcelado Pedro Castillo. Vale remarcar que tampoco el presidente utilizó la legitimidad política ganada en las urnas para agrupar y unificar a las diversas corrientes que confluían en las protestas. Esta inercia, aunada al declive de las movilizaciones, contribuyó en minar la centralidad de su figura, y desplazar su liderazgo desde lo político a lo simbólico. Si bien lo simbólico es importante, no basta para revertir el golpe sufrido ni alcanza para retomar el poder. Finalmente, se agudizó la fragmentación y el divisionismo que caracteriza el campo popular en Perú y no se consiguió estructurar una plataforma organizativa unida. A los esfuerzos de construir la CONULP, los cuerpos constituidos contestatarios le impusieron la CNUL, paralelizando y perdiendo contundencia.
A dos años de instalada en el gobierno, Dina Boluarte no ha hecho más que empeorar su situación. Con apenas 3% de aprobación ciudadana, está involucrada en ocho procesos judiciales abiertos, por crímenes de lesa humanidad y corrupción. La sostienen sus cómplices del Congreso de todo color político, así como las fuerzas armadas y policiales. En un acto de revisionismo, la izquierda institucional ha intentado negar su participación en el golpe contra Castillo (sea votando por la vacancia ilegal en el Congreso o buscando respaldo internacional para Boularte) y hoy intenta en vano recuperar algún liderazgo en la oposición al régimen. El pueblo ha madurado y no ha caído en este nuevo espejismo.
El deterioro del país es evidente y se han agudizado problemas como la inseguridad ciudadana con su secuela de robos y extorsiones que afectan directamente a las clases populares. Ante estos problemas, se organizaron nuevos actores surgidos del mundo urbano popular, específicamente trabajadores informales o “emprendedores” tales como los transportistas o los barberos. Estos sectores, a pesar de carecer del apoyo de otras fuerzas constituidas como los sindicatos lograron organizar dos paros exitosos y politizar la problemática de la inseguridad. La conjunción de los sectores rurales, indígenas movilziados durante el estallido con los actores urbanos podría abrir un espacio de impugnación al sistema, pero no es tarea sencilla revertir fragmentación existente generar confianzas, más difícil aún será lograr una acción política y una unidad electoral que compita el próximo proceso.
Mientras tanto, las instituciones revelan cada vez más su podredumbre política y moral. El poder judicial ha sido conquistado por mafias, un grupo delincuencial ocupa ilegalmente el ejecutivo, y se acaba de comprobar que la presidencia del Congreso había abierto un burdel dentro de las instalaciones del poder legislativo, con el objetivo de comprar los votos de los congresistas. Tanta razón tenia Castillo hace dos años cuando intentó cerrar ese prostíbulo.
La Línea