En un evento organizado por el Adam Smith Center for Economic Freedom, realizado en Nueva York en el contexto de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, Dina Boluarte sumó el Perú a la defensa de la Doctrina Monroe. En un acto abierto de sumisión a la potencia imperial, la mandataria designada declaró que “somos un solo continente, un solo continente que debe ser el más fuerte (…), pero quien tiene que liderar en América, en este nuestro continente, es EE.UU., porque es el país del primer mundo y como Perú queremos apostar por esa fuerza americana«. En otras palabras, Boluarte reconoció que Perú no es más que una colonia, un territorio que Washington administra en su periferia. Ningún partido emitió una protesta contra esta declaración, que además de pisotear (más) la dignidad de los peruanos y peruanas da señales adversas al principal socio comercial del país: China. Como si fuera poco, Boluarte se disculpó por la puesta en marcha del puerto de Chancay y ofreció a los gringos el territorio de Corío -actualmente un desierto costero del sur del país sin ninguna infraestructura- para construir la competencia portuaria a Chancay: “Corío tiene mucho más calado que Chancay para que muchos más barcos de mayor tonelaje puedan venir«.
Estas vergonzosas declaraciones se suman a varios eventos ocurridos en este mes de septiembre de 2025 que evidencian la profundización del Estado fallido peruano, transformado cada vez más en tierra de nadie. Hace unos días el Congreso, repudiado por 98% de la población, aprobó una ley de Zonas Economías Especiales Privadas desconociendo las objeciones emitidas por el ministerio de economía. El ejecutivo, a pesar de ser neoliberal, había denunciado esta ley por «tener efectos perjudiciales en las industrias del resto del país y no asegurar condiciones laborales mínimamente dignas» (sic). Con esta nueva ley, se crean paraísos fiscales dentro del territorio donde reinará el orden laboral decidido por las empresas. En otras palabras, el gobierno sigue entregando territorios al sector privado (mayoritariamente extranjero). Con la ley de Zonas Economías Especiales Privadas y la recién aprobada ley agraria que favorece a las agroexportadoras, el Estado dejará de recaudar 13 mil millones de dólares de impuestos. Un regalo que pagarán con miseria y hambre la gran mayoría de los peruanos.
El Estado fallido peruano también se manifestó con la captura Erick Moreno, alias “el monstruo” en la ciudad de San Lorenzo en Paraguay. Este criminal peruano era el cabecilla de una banda criminal que se dedicaba a la extorsión, sicariato y secuestro. Tras ser condenado a 32 años de cárcel en Perú, huyo hace dos años. Su larga fuga fue posible gracias a los contactos que Moreno disponía en la Policía Nacional del Perú, que le advertían de todos los movimientos que podía llevar a su captura y destruyendo pruebas. Los agentes paraguayos responsables de su captura revelaron que tuvieron que intercambiar en guaraní -el segundo idioma oficial- para no revelar información a sus pares de la policía peruana y evitar así filtraciones a la red criminal perseguida. Hasta el más alto nivel de la policía, hay complicidad con el crimen organizado y las redes de extorsiones.
De otro lado, a causa de las extorsiones y la criminalidad, los transportistas informales de la ciudad de Lima decidieron otra vez protestar y bloquear el tráfico en las zonas populares de la capital peruana. Este sector informal de la economía, producto del neoliberalismo y la destrucción de los servicios públicos, reclama más protección estatal. Un viraje ideológico en una población propulsada por los cánones ideológicos del paraíso libertario. De igual forma, un grupo de jóvenes copiando los recientes modos de protestas en Asia (Nepal, Indonesia) salieron a las calles para oponerse a la profundización del sistema de fondo de pensiones. En Perú, las AFP deben lidiar con la alta tasa de informalidad laboral (76%) que reduce drásticamente sus ganancias. Para asegurar la rentabilidad de las AFPs, los congresistas propusieron que los trabajadores informales o independientes también coticen de forma obligatoria. Los jóvenes de la llamada “generación Z”, principalmente empleados en los trabajos precarios del sector de servicios, hubiesen sido los más afectado por esta reforma. Salieron en masa, para exigir no pagar ni al AFP ni al Estado. Al igual que el sector de transportistas, estos jóvenes no exigen un nuevo contrato social, solo preservar sus intereses inmediatos con ajustes a un sistema deteriorado. Tanto los transportistas como la generación Z fueron acompañados en Lima por una multitud harta del régimen de Boluarte.
Las contradicciones internas del modelo peruano amplia el descontento hasta sectores que incluso defendieron o defienden las bondades del paraíso libertario. Pero sumar a estos decepcionados del modelo en un proyecto transformador, requiere una propuesta política coherente y consolidada, y un líder creíble que la encarne. Apremia construir un estado decente sin capataces de un imperio decadente, sin cómplices de los “monstruos” del sistema neoliberal, e insuflar orgullo patriótico y dignidad nacional.
La Línea
Foto: Kevin Puelles