Reunidos en la ciudad de Lima a invitación del Primer Mandatario del Perú, señor General de División Juan Velasco Alvarado, para conmemorar el sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho, los Jefes de Estado y de Gobierno de Bolivia, Panamá, Perú y Venezuela y los representantes de los Jefes de Estado de Argentina, Colombia, Chile y Ecuador, reconocemos la alta significación histórica de ese hecho de armas definitivo en la gesta emancipadora americana, con el cual concluyó una etapa fundamental en el proceso de forjar la libertad de nuestros pueblos.
Rendimos homenaje a la memoria de los ilustres próceres que nos dieron patria y libertad y una lección elocuente de auténtica solidaridad creadora y presentamos ante América el ejemplo de aquellos héroes como estímulo para el cumplimiento de los deberes que el presente y el porvenir nos señalan.
Ayacucho es la culminación de un vasto proceso histórico de toma de conciencia soberana y representa el valor y voluntad de sacrificio de nuestros pueblos. El triunfo fue posible gracias a la acción mancomunada de todes aquellos que desde los distintos rincones de América concibieron y concretaron, tras largo y sostenido esfuerzo, el ideal de la emancipación.
Proclamamos, por ello, que la Batalla de Ayacucho constituye el símbolo de la unidad de los pueblos latinoamericanos en su lucha por la liberación y que la celebración de su sesquicentenario es motivo propicio para destacar que la unión de América Latina demanda el permanente y continuado esfuerzo para la realización plena de los ideales de libertad, justicia, soberanía, igualdad y solidaridad.
En concordancia con el espíritu que alentó la insurgencia de aquel vasto movimiento popular, unificador y emancipador:
DECLARAMOS QUE:
Nuestros países alcanzaron su independencia política, pero su incorporación a la economía mundial suscitó posteriormente distintas formas de dependencia, las cuales explican los obstáculos a nuestro desarrollo económico, social y cultural.
Es urgente completar la tarea emancipadora promoviendo la construcción del destino propio en el campo socioeconómico, lo que requiere modelos de desarrollo que aseguren a nuestros pueblos una justa participación en la vida económica y cultural y faciliten la plena realización del hombre americano.
El compromiso histórico y esencial del continente latinoamericano es unirse para la liberación económica y social, la superación científica y tecnológica de los países que lo forman y de tal manera acelerar su integración. Esta unidad demanda la voluntad común de alcanzar objetivos de interés general para sus pueblos, sustentada en la solidaridad y en el reconocimiento de una realidad pluralista.
Consecuentes con los propósitos que inspiraron la convocatoria del Congreso de Panamá, reiteramos que sólo unidos los países latinoamericanos cumplirán plenamente la misión que les corresponde dentro de la comunidad internacional, contribuyendo así a la paz y seguridad en el mundo.
El nacionalismo latinoamericano constituye la toma de conciencia de nuestros pueblos sobre su realidad profunda y su verdadera personalidad, fruto del mestizaje de sangre, fusión de culturas y comunes vivencias históricas, sociales y económicas.
Su fortalecimiento requiere, en la actual coyuntura internacional, plantear los problemas de la región, sus soluciones al margen de cualquier ingerencia y concertar nuevas formas de acción conjunta que promuevan los valores auténticos de nuestras naciones e impidan que prosperen en América Latina políticas, acciones o medidas extrañas que pretendan menoscabar la personalidad de nuestros pueblos y la soberanía de nuestros Estados.
Reiteramos nuestra adhesión a los principios de la igualdad jurídica de los Estados, de su integridad territorial, de la autodeterminación de los pueblos, del pluralismo ideológico, del respeto a los derechos humanos, de la no intervención y de la cooperación internacional, de la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones asumidas, de la solución pacífica de las controversias internacionales, y de la prohibición de recurrir a la amenaza, al uso de la fuerza y a la agresión armada, económica o financiera en las relaciones entre los Estados.
Condenamos y repudiamos las situaciones coloniales que aún persisten en América Latina y que deben erradicarse prontamente por constituir una amenaza potencial a la paz de la región. Para este objeto, nuestres esfuerzos quedan comprometidos.
Nos comprometemos a propiciar y dar apoyo a la estructuración de un orden permanente de paz y cooperación internacionales y a crear las condiciones que permitan la efectiva limitación de armamentos y pongan fin a su adquisición con fines bélicos ofensivos, para dedicar todos los recursos posibles al desarrollo económico y social de cada uno de los países de América Latina.
Condenamos el uso de la energía nuclear con otros fines que no sean pacíficos y al servicio del progreso y bienestar de nuestros pueblos.
La creación de una sociedad con plena capacidad nacional de decisión requiere poner fin a la dependencia económica mediante la determinación y el logro de objetivos de desarrollo adecuados a las necesidades reales de cada uno de nuestros pueblos.
Son derechos inalienables de nuestros países el pleno ejercicio de la soberanía sobre sus recursos naturales propios, la defensa de los precios de las materias primas, la regulación de las inversiones extranjeras y el control de las actividades de las empresas transnacionales. Los esfuerzos concertados de todas nuestras naciones son esenciales para promover la formación y fortalecimiento de asociaciones de paises productores- exportadores de materias primas, lograr los más favorables términos de acceso de nuestros productos a los mercados internacionales, obtener las mejores condiciones en la transferencia, creación e intercambio de tecnologias adecuadas intercambio de tecnologías adecuadas a nuestras particulares realidades; asegurar el mejor abastecimiento regional de artículos esenciales, particularmente alimentos, establecer empresas multinacionales latinoamericanas, cooperar en materia de asuntos monetarios, transporte y comunicaciones, financiamiento externo y organismos financieros latinoamericanos.
La integración es el más efectivo instrumento de desarrollo y garantía de independencia económica, al conjurar los esfuerzos nacionales con la complementariedad de nuestras economías.
La profunda crisis económica mundial, hace evidente la necesidad de impulsar en forma decisiva los cambios estructurales y de establecer un sistema de seguridad económica colectiva, que haga posible el desarrollo integral de los pueblos para su bienestar, en un clima de estabilidad, libre de amenazas y coacciones que lo traben, a fin de lograr un nuevo orden económico internacional que deberá fundarse en la equidad, la igualdad, la soberanía, la interdependencia, el interés común y la cooperación de todos los Estados.
Al reafirmar el compromiso histórico de fortalecer cada vez más la unidad y solidaridad entre nuestros pueblos, prestamos la más amplia comprensión a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, situación que debe demandar la consideración más atenta hacia entendimientos constructivos.
Declaramos que la unión de nuestros pueblos como naciones hermanas sustenta la paz, la justicia, el bienestar y el derecho como objetivos supremos de sus relaciones internacionales. Consecuentes con estos principios fundamentales, nos comprometemos solemnemente a actuar de inmediato y en forma conjunta por intermedio de los Ministros de Relaciones Exteriores ante cualquier situación que pudiera afectar la convivencia pacífica entre nuestros países.
Cooperaremos fraterna y decididamente para que los pueblos de América Latina, hoy una comunidad de 300 millones de seres humanos, sumen sus esfuerzos ante el imperativo presente de trazar su propio camino, libre y autónomo, hacia la consecución de los objetivos de desarrollo económico y justicia social que hagan posible la plena realización y dignificación del hombre latinoamericano, único destinatario del legado histórico de la gesta emancipadora que culminó en Ayacucho.
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Firmada en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.
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General Div. Juan Velasco Alvarado Presidente de la República del Perú
General Hugo Banzer Suárez Presidente de la República de Bolivia
General Omar Torrijos Herrera Jefe de Gobierno de Panamá
Dr. Carlos Andrés Perez Presidente de la República de Venezuela
Dr. Julio César Turbay Ayala Representante del Presidente de la República de Colombia
Embajador Alberto J. Vignes Representante de la Presidente de la Nación Argentina
Vicealmirante Patricio Carvajal Prado Representante del Jefe de Estado de Chile
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