En Perú, en los últimos años la palabra terruqueo se ha incorporado en nuestro lenguaje cotidiano; resultando común encontrarla en reportajes periodísticos y redes sociales. Esta expresión se deriva del término terrorista, y si bien puede parecer que es puramente simbólica tiene importantes repercusiones políticas, sociales e incluso judiciales. Para entender este fenómeno es crucial tener en cuenta el contexto histórico y social en que nace.
“Acusados los unos a los otros”, la instauración del terruqueo:
El cambio de milenio marcó la derrota de Alberto Fujimori y el retorno a la democracia, de la mano del gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Este periodo representó un hito en la historia de nuestro país pues se buscó abordar la violencia vivida entre los años 1980-2000. Para ello, se realizaron una serie de medidas como la creación de la “Comisión de la Verdad”, la cual tendría el propósito de esclarecer los eventos ocurridos durante el período denominado conflicto armado interno. Se otorgó prioridad a la “Comisión de Indulto[1]”, encargada de examinar los casos de aquellos presos por terrorismo que no habían recibido un debido proceso, lo que incluyó situaciones como los “jueces sin rostro” o revisión de condenas a quienes fueron acusados por “arrepentidos” sobre delitos que no habían cometido.
Estas políticas de reconciliación y justicia fueron continuadas, en menor medida, por el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). Este fue un momento crucial en el que el país, pues se buscaba mirar hacia adelante y avanzar hacia una reconciliación nacional.
Los casos revisados por la Comisión de Indulto fueron disminuyendo considerablemente a pesar de los pedidos de organismos internacionales de derechos humanos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación no fue bien recibida, especialmente por los miembros de las fuerzas armadas, quienes la cuestionaron al considerar que los equiparaba con los grupos terroristas. Por su parte, la derecha peruana, liderada por el fujimorismo, tildó a la CVR de pro-terruca.
En el segundo mandato de Alan García (2006-2011), el término terroristas volvió a cobrar relevancia debido a una serie de eventos. Por un lado, las fuerzas armadas sostenían que Sendero Luminoso y el MRTA no habían sido verdaderamente derrotados y estaban en proceso de reactivación, esta vez con el respaldo de Venezuela y el chavismo. En 2008, un grupo de personas que volvía de asistir a un evento en Venezuela fue detenido y acusado de pertenecer a la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB), la cual supuestamente buscaba reactivar la lucha armada en el Perú. La hipótesis de la Policía Nacional del Perú (PNP) era que la CCB se encontraba vinculada a MRTA y SL.
Después de una exhaustiva investigación, no se encontraron pruebas que respaldaran estas acusaciones, y los detenidos fueron puestos en libertad. Este episodio marcó el comienzo de lo que se conoce hoy como terruqueo, acusaciones infundadas y a la detención de personas basándose únicamente en sospechas, sin una investigación previa adecuada.
En 2009, surgió el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), una agrupación que incluía en sus filas a expresos por terrorismo y que se identificaba ideológicamente con el maoísmo, pero también, con el pensamiento Gonzalo (PG). La conformación de este movimiento planteó una nueva interrogante ¿los expresos por terrorismo pueden participar en la vida política? La respuesta debería ser: sí, sin embargo, el problema con el Movadef es la reivindicación del PG, esto llevó a una serie de cuestionamientos en la búsqueda de su legalidad; además, de abrirles procesos jurídicos a los miembros de su organización y cuestionamientos por ser una fachada de un grupo terrorista.
En el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) se da otro caso donde fue utilizado el terruqueo, este se da en la huelga magisterial del 2012, la cual marcó la ruptura del tradicional Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) en un nuevo frente denominado Comité Nacional de Reorganización de la Educación (CONARE), el cual fue objeto de terruqueo por contar entre sus miembros a algunos integrantes del Movadef.
Es importante destacar que, los integrantes de CONARE no abrazaban el PG, ni respaldaban sus principios. A pesar de ello, este sindicato fue catalogado erróneamente como proterrorista. Estas acusaciones no solamente vinieron de las fuerzas armadas y de la derecha, sino que se sumaron organizaciones de izquierda como Patria Roja y del SUTEP.
Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) se dio la Segunda huelga Nacional de la CONARE en el 2017, destacando la figura del líder sindical Pedro Castillo Terrones, quien fue pieza clave en el conflicto. Para lograrlo buscó el respaldo en distintas bancadas del congreso, entre ellas las de izquierda, Frente Amplio y Nuevo Perú, siendo estas las que le negaron su apoyo al considerar a la CONARE[2] un sindicato proterruco, a pesar de la falta de pruebas que respaldaran esta acusación. La izquierda avalaba el discurso de la derecha de terruqueo, acusándose los unos a los otros para de alguna manera distinguirse.
¿El terruqueo es simplemente simbólico?
El terruqueo estaba presente en nuestro lenguaje, pero alcanzó su punto máximo con la postulación de Pedro Castillo a las elecciones presidenciales del año 2020. Las redes sociales, los medios de comunicación del país se inundaron de acusaciones de terrorismo contra él, basadas en su afiliación al FENATEP. Sin embargo, a pesar de esta campaña difamatoria, fue elegido presidente, asumiendo el cargo en julio del 2021. Su primer Consejo de ministros, convocó a políticos de diversos orígenes, pero fueron dos los ministros que desataron el “efecto terruqueo».
En primer lugar, Héctor Béjar, un ex militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien fue designado como ministro de Relaciones Exteriores. A pesar de que su historia se enmarca en un contexto de desigualdades sociales previo a la reforma agraria, se le difamó injustamente, acusándolo de ser un terrorista violento y criminal. El caso de Iber Maraví, nombrado ministro de Trabajo y Promoción del Empleo fue aún más injusto. Se le sometió a una interpelación en el Congreso bajo la sospecha de haber sido miembro de Sendero Luminoso, a pesar de la falta de pruebas que respaldaran estas afirmaciones.
Los titulares de los periódicos y los reportajes en los medios de comunicación sobre las supuestas conexiones de estos ministros con grupos terroristas, y la idea de que Sendero Luminoso estaba resurgiendo en el gobierno de Castillo, se convirtieron en una narrativa constante que no se detuvo ni siquiera después de la destitución de estos ministros, sino que continua hasta el día de hoy.
Con la destitución del presidente Castillo y la asunción de Boluarte a la presidencia de Perú, el terruqueo cobró más protagonismo. El discurso del gobierno de Boluarte y su primer ministro Otarola se basa en el resurgimiento de SL, para desestabilizar al país, los cuales vienen encabezando (según ella) una serie de protestas y “azuzando” a las masas para irse contra el gobierno.
Siguiendo esta línea se acusó de terroristas a las personas que protestaban contra su régimen desde el 7 de diciembre del 2022. Bajo esta premisa, se llevaron a cabo detenciones y operativos militares y policiales. En Ayacucho, durante la protesta del 15 de diciembre de 2022, el ejército aplicó un protocolo de lucha antiterrorista, asesinando a 10 personas que protestaban. En las semanas siguientes, la PNP llevó a cabo diversas intervenciones en lugares como la Central Campesina del Perú (CCP) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), acusando a las personas allí presentes de tener vínculos con grupos terroristas. Nuevamente, estas acusaciones resultaron ser infundadas.
A esto se sumaron nuevas leyes antiterroristas, siendo una de las más relevantes las acusaciones virtuales; esto quiere decir que cualquier persona que ve una publicación que pueda considerarla apología al terrorismo puede tomar una foto, enviarla a la PNP para así iniciarse una investigación, y de considerarse válidos los argumentos se inicia un proceso judicial.
El terruqueo dejó de ser simbólico y pasó a ser una herramienta de persecución política, se terruquea a quienes se movilizan contra el gobierno en distintas regiones, principalmente Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica; bajo esta figura abren procesos judiciales para a través del miedo controlar a la población y así lograr que dejen de manifestarse. Sin embargo, la indignación es tan fuerte que, a pesar de las medidas coercitivas del Estado, la movilización popular no se ha detenido, al contrario, persisten hasta ahora, perdiéndole el miedo poco a poco al ya famoso terruqueo.
Natalí DURAND
[1] En agosto de 1996, Fujimori estableció la “Comisión de Indultos” para revisar los casos de presos indebidamente acusados o condenados por delitos de «terrorismo». La Comisión tenía poder para proponer que el presidente de la República otorgara el indulto a las personas en cuyo caso fuera evidente que se había cometido un error judicial. Se componía de tres miembros: el Defensor del Pueblo, el ministro de Justicia y el padre Hubert Lanssiers, sacerdote y activista de derechos humanos comprometido con los presos de Perú.
[2] La CONARE, en el 2018 cambia de nombre a Frente Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (FENATEP)