Perú vive una crisis profunda expresada en el desconocimiento sistemático del voto popular, el avance del crimen organizado y el masivo rechazo a las autoridades. Un deterioro de la precaria institucionalidad democrática y una permanente inestabilidad política que ha generado ocho presidentes en diez años y solo dos electos por la ciudadanía. Además, si antes las élites se jactaban de las “cuerdas separadas” donde la política podía ir mal, pero la economía iba bien, hoy no ocurre lo mismo; la abrumadora informalidad y los indicadores de pobreza configuran una sociedad atomizada y desigual donde no existe noción de futuro compartido.
Podríamos decir que se trata de una crisis de régimen, similar a otros momentos críticos de nuestra historia donde el proyecto de estado nación colapsa y urge una salida refundacional. Algo parecido ocurrió tras la catástrofe de la guerra con Chile que dio origen a opciones populares como el APRA y el PC de Mariátegui. También la crisis de los ’60 con su democracia excluyente incapaz de solucionar problemas estructurales que dio lugar al gobierno del general Juan Velasco. Hoy el modelo de estado nación neoliberal impuesto en 1992 tras el autogolpe de Alberto Fujimori muestra sus límites; no garantiza estabilidad política ni representación democrática ni bienestar para las mayorías, se sostiene apelando al autoritarismo y la corrupción.
Superar una crisis de tal magnitud requiere un cambio en la correlación de fuerzas; un proceso de ruptura que desmonte el marco legal, el aparato represivo y el modelo económico del régimen. Y, sobre todo, necesita el impulso de una coalición de mayorías que congregue a los de abajo en torno a un programa de cambios profundos. En el Perú de hoy, las condiciones son adversas. El golpe perpetrado por el fujimorismo y la ultra derecha contra el legítimo gobierno de Pedro Castillo, les permitió retomar el ejecutivo y así controlar todos los poderes del Estado relanzando sus negocios y privilegios. La masacre al pueblo movilizado y la estructural fragmentación social hacen más difícil la tarea.
Pero no por compleja la tarea es imposible. Existen aprendizajes que marcan la pauta respecto a por dónde iniciar un proceso refundacional. La elección de Pedro Castillo el 2021 evidenció la voluntad de los sectores populares por gobernarse ellos mismos. El estallido andino del 2022 y 2023 expresó el protagonismo de esas mayorías por defender su voto y cuestionar la farsa de democracia también es muestra de ello. Existe un acumulado de politización critica al neoliberalismo, que rechaza a la clase política y busca salidas de fondo, que va configurando un sujeto popular, andino, plebeyo, insubordinado. No será una salida meramente electoral liderada por las izquierdas realmente existentes, el cambio será más lento y vendrá de abajo.
El 2026 y más allá, una salida popular y nacional
En medio de esta crisis, llegan las elecciones generales del 2026. En un plano ideal, los sectores populares surgidos en adaptación y resistencia al neoliberalismo, esos que votaron por Pedro Castillo y se movilizaron en el estallido, hubieran construido su propia representación y candidaturas. Ello no ocurrió, se impuso la fragmentación y las desconfianzas propias de una sociedad atomizada por la informalidad y el individualismo. Tampoco ocurrió el encuentro de estas mayorías con algún partido de izquierda existente, por el contrario, algunos como Perú Libre hicieron alianza con fujimorismo y otros sectores avalaron tempranamente a Dina Boluarte. A este campo popular disperso y golpeado, se añade un escenario electoral amañado, finamente ensamblado tras el golpe del 7D. No olvidemos que estos operativos golpistas son para asegurar que la derecha mantenga el poder y no para entregarlo a una opción transformadora, así ocurrió en Honduras luego del golpe a Manuel Zelaya, en Brasil luego del impechment a Dilma y aquí no sería distinto.
Llegamos entonces a un proceso electoral donde las posibilidades de cambiar la correlación de fuerzas e iniciar proceso refundacional desde abajo son pocas, pero son. Dentro de las limitaciones mencionadas, puede empezarse un trabajo por congregar el voto del sujeto popular y empezar a desmontar el estado neoliberal. Esto implica anular la legislación nefasta que beneficia a grupos de poder con exoneraciones tributarias, que entrega nuestra soberanía a tropas extranjeras, que remata nuestros recursos naturales y consagra con impunidad a criminales. Ello, sumado a la sostenida organización y movilización, podrá permitirnos avanzar hacia un horizonte constituyente que plasme una nueva constitución y abra paso a un nuevo proyecto de comunidad política desde abajo.
En un régimen parlamentarista de facto como el que vive Perú, es crucial que ese naciente sujeto popular logre representación en el nuevo Congreso. Y ya la cancha está delimitada; no será el “centro” tibio, condescendiente con el modelo económico y el golpe a Pedro Castillo, el que acompañara este proceso; ahí están López Chau, Mesías Guevara, Jhony Lescano y otros incapaces de levantar una crítica sistémica y proponer cambios de fondo. Tampoco las izquierdas agrupadas en la alianza Venceremos, parecen encontrar la brújula para ser opción de poder y gobierno de estas mayorías, siguen distanciadas del mundo popular evidenciando las contradicciones entre un izquierdismo pragmático conservador como el de Bermejo y uno post material progre como el de Verónika Mendoza.
Queda entonces ubicar la opción más cercana a los sectores populares que siguen reclamando profundas transformaciones. La continuidad está dada todavía por el voto popular que encarnó Pedro Castillo legitimo presidente de la república. Castillo ha señalado a Juntos por el Perú como esa opción electoral y ha buscado la confluencia de representantes del campo popular que defienden intereses nacionales de los de abajo. Se ha planteado también una agenda programática que entre otros temas resalta un Estado activo, que recupere la soberanía sobre nuestros recursos, redistribuya la riqueza y garantice la seguridad ciudadana y los derechos sociales de todos. No es tarea sencilla, las limitaciones internas y externas del proceso son muchas, pero es una lucha por recuperar la dignidad nacional y es tan urgente como impostergable.
Anahi DURAND