Hace 56 años, el general patriota Juan Velasco Alvarado mandó al ejército a ocupar las instalaciones petroleras de la empresa estadounidense Internacional Petroleum Compagny, y nacionalizó el petróleo peruano. Consciente de la importancia de su gesta libertaria, el mismo día, Velasco se dirigió al pueblo peruano: “Este momento nos llena de justo orgullo y ha de provocar legítimo júbilo nacional. La historia juzgará la actitud de la Fuerza Armada y del pueblo peruano. Estamos seguros que las generaciones futuras celebrarán este día de reparación como el día de la dignidad nacional”. El general se equivocó. Tras décadas de gobiernos neoliberales, la industria petrolera nacional ha sido desmantelada. La dictadura de Alberto Fujimori la desmiembro y la privatizó por pedazos; vendió 60% de la refinería La Pampilla a la petrolera española Repsol, y la planta de lubricantes a la Mobil.
Sin embargo, a pesar de la dictadura, la corrupción y la poca transparencia que rodeó la andanada de privatizaciones fujimoristas, Alberto Fujimori no quiso ser quien simbólicamente entregara la joya de la corona: la estatal petrolera peruana PetroPerú. Él y sus sucesores se limitaron a dejar caer la empresa sin tomar ninguna decisión política clara y contundente respecto al futuro de la petrolera estatal.
El régimen de Dina Boluarte es el paraíso de los lobbyistas. Una mandataria desaprobada por 95% de los peruanos sobre quien pesan investigaciones por las masacres cometidas durante la represión del Estallido de 2023. También graves acusaciones de corrupción enriquecen el prontuario de la gobernante designada. Su sobrevivencia solo depende de los poderes fácticos que la instalaron en el poder y que la chantajean para imponer una agenda neoliberal rechazada por el pueblo en las urnas.
En este contexto, el directorio de PetroPeru tiene un año presionando al régimen para lograr la privatización de la empresa. Debe ser la única empresa en el mundo donde los ejecutivos que la manejan confiesan a su único accionista, el Estado peruano, que su gestión llevó a la petrolera al borde de la quiebra Peor aún. Los responsables de la situación actual impiden todo tipo de reestructuración económica de la empresa condenándola a la “necesaria apertura del capital”, es decir a su inminente privatización. Esta actitud tiene un nombre: traición a la Patria.
Luego de treinta años, la situación de la petrolera requiere definiciones políticas claras. O se renacionaliza dentro de un proyecto emancipador. O se la remata a las transnacionales del rubro. A cambio de no ser destituida e ir presa, ¿Boluarte negociará con los últimos vestigios del proyecto nacionalista de Velasco? La historia continuará.
La Línea