Sin ninguna sorpresa, luego de una farsa jurídica de tres años, el poder Judicial peruanocondenó a Pedro Castillo, Bettsy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta por “conspiración para la rebelión”. Desde un inicio el juicio estuvo plagado de irregularidades como se vio con la arbitraria detención de Castillo por su propia escolta siendo todavía presidente. Posteriormente, en medio del proceso judicial, cambiaron la figura inicial de “rebelión” por la de “conspiración”, sin levantar una nueva carpeta fiscal; simplemente al no lograr encontrar pruebas decentes para condenar a los acusados por una figura penal, utilizaron otra.
El presidente Pedro Castillo y la ex premier Betssy Chávez fueron condenados a 11 años de cárcel mientras los ex ministros Aníbal Torres y Willy Huertas a 6 años de prisión suspendida. Todo en este juicio respondió a la decisión política de castigar cuanto antes a Pedro Castillo. Asistimos así a un juicio exprés con un timing perfecto. El juicio contra Castillo y sus coacusados duró 2 años y 11 meses, muy poco si se compara con el proceso judicial por corrupción contra Keiko Fujimori que tardó 18 años hasta que el Tribunal Constitucional la absolvió por completo. Además, el calendario escogido por los jueces del régimen encajó perfectamente con los tiempos establecidos para sacar de juego electoral a Castillo y sus coacusados, potentes candidatos al senado en el marco de las elecciones generales de 2026.
El día anterior a la condena de Pedro Castillo, el poder judicial sentenció por corrupción al ex presidente Martin Vizcarra, dictando 14 años de cárcel con prisión inmediata. El antiguo mandatario también aspiraba a candidatear como vicepresidente en la lista encabezada por su hermano Mario. Asimismo, Guillermo Bermejo quien iba a ser designado como el candidato de la izquierda tradicional, fue condenado a 15 años de cárcel en una cuestionada sentencia por terrorismo. Con estas condenas, la justicia peruana se ha convertido abiertamente en el brazo judicial de los grupos de poder más conservadores, ultraliberales y neocoloniales. Y a las condenas e inhabilitaciones contra políticos opositores, hay que sumar la exclusión de varios partidos que representaban el campo nacional popular de la próxima contienda. A este ritmo, solo quedará los candidatos que la elite dominante quiere ver ganar.
Lo que sigue: la pelea política electoral de Pedro Castillo
El día del alegato final, en una alocución de dos horas, el presidente Pedro Castillo se refirió a la necesidad de retomar el poder desde el gobierno, llamando a votar por el partido Juntos por el Perú (JP) con el cual él y sus aliados mantienen un acuerdo político. El día de la sentencia, Castillo sonrió a la prensa con el puño en alto mostrando un cartel con las siglas de JP. El mensaje era claro, la vía judicial estaba cerrada por ahora y había que seguir la lucha política, votando en las elecciones por el partido que asegura la libertad del presidente y en el cual las principales figuras del denominado “castillismo” serán candidatos a senadores y diputados.
Al endosar todo su apoyo a Juntos por el Perú y particularmente a la candidatura presidencial del congresista y ex ministro de su gobierno Roberto Sánchez, Pedro Castillo hace una apuesta arriesgada. De un lado existe un gran rechazo ciudadano a los partidos consolidados con presencia en el Congreso y JP es uno de ellos. Los últimos años, estas siglas han cobijado a legisladores de distintos partidos, muchos bastante cuestionados como Isabel Cortez o Lucinda Vásquez. De otro lado, el candidato Roberto Sánchez es congresista y, como todos los legisladores, es rechazado por el 98% de la población. En un país donde la desconfianza a las instituciones y el odio a la clase política es enorme, apostar por un candidato del statu quo, es por decirlo menos, complicado.
No obstante, la última encuesta IEP señala que espontáneamente casi el 4% del país votaríapor Castillo aun sabiendo que no puede presentarse a las elecciones. En un contexto donde el candidato que lidera las encuestas tiene 8% el bastión castillista no es nada despreciable, por el contrario, es un piso sólido sobre el cual habría que acumular. Ante ese escenario, la pregunta central es sí efectivamente Castillo podrá endosar su capital político a Roberto Sánchez y al mismo tiempo, si la gente relacionara a JP con el castillismo y su lucha como opción de gobierno. Vale recordar que el voto no sólo es identitario, también se esperan propuestas concretas para los problemas que agobian a los peruanos como la inseguridad y la crisis económica. Son múltiples desafíos y preguntas abiertas cuya resolución será clave para la libertad de Pedro Castillo y para la acumulación política del campo popular.
La Línea