El mes de agosto 2025, uno de los pocos ex presidentes peruanos con vida que se encontraba en libertad, fue recluido en la cárcel. Martín Vizcarra, presidente interino entre el 2017 y el 2020, fue detenido bajo medida de prisión preventiva por seis meses, en el marco de una investigación por actos de corrupción ocurridos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
Vizcarra se suma a los ex mandatarios encarcelados Alejandro Toledo, presidente entre el 2001 y el 2006, Ollanta Humala (2006-2011), Pedro Pablo Kuczynski (presidente del 2011 al 2017 con prisión domiciliaria) y Pedro Castillo presidente del 2021 hasta su derrocamiento a fines del 2022. El “síndrome peruano” que devora a todos sus presidentes una vez concluidos sus mandatos, es una muestra de cómo el sistema judicial interfiere en la vida política para mantener los privilegios de la oligarquía criolla.
Pocos días antes del encarcelamiento de Martín Vizcarra, el Tribunal Constitucional ordenó suspender todas las investigaciones en curso contra Dina Boluarte hasta que termine su periodo de gobierno. El máximo órgano judicial, dictaminó que “no puede investigarse a un presidente en funciones” cerrando las diversas investigaciones que pesan contra Dina Boluarte, tales como la corrupción de los relojes Rolex, la compra de autoridades locales o las masacres de 2022, pues “han menoscabado la competencia” de jefe de estado.
Como Dina Boluarte asume muy bien su rol de títere de las clases dominantes, el poder judicial decidió darle esta compensación temporal. Una gran diferencia con lo actuado durante la presidencia legitima de Pedro Castillo, cuando la entonces fiscal reinterpretó la Constitución definiendo que era factible investigar al presidente durante su mandato. Tal decisión dio lugar a una seguidilla de acusaciones de corrupción, la mayoría falsas, que incluyeron el allanamiento de Palacio de Gobierno y múltiples investigaciones contra Castillo y su familia. Por supuesto el Tribunal constitucional no dijo nada al respecto. Pero los magistrados del Tribunal Constitucional han sido nombrados hace 2 años por los grupos derechistas mayoritarios del Congreso (el Fujimorismo y sus aliados de derecha -Alianza para el Progreso- y de izquierda -Perú Libre-). Son operadores políticos de la oligarquía y de sus representantes en el poder.
El poder judicial ya ni siquiera busca cuidar las apariencias. Se afirma cada día más como el pilar que sostiene un régimen mafioso y autoritario que solo beneficia a unos pocos. El caso de la antigua ex Premier Betssy Chávez ilustra como el sistema busca triturar a quienes buscaron construir otro camino amenazando sus privilegios. Betssy Chávez, detenida con prisión preventiva acusada de coautora del delito de rebelión junto a Pedro Castillo, denunció tratos crueles y degradantes en su reclusión, solicitando ser trasladada a otro penal. Frente a la negativa de la administración penitenciaria, decidió iniciar una huelga de hambre que ya se prolonga una semana. Con la misma indiferencia mortífera de una Margaret Tatcher con Bobby Sands, Dina Boluarte busca alargar la macabra lista de peruanos asesinados durante su mandato ilegitimo. La vida de la joven política corre peligro. Es un mensaje claro para todos los peruanos que intentan levantar una voz discordante al régimen hegemónico. El país entero debe enfrentarse al conjunto de poderes del estado decididos a aplastar cualquier reivindicación de refundar una patria para todos.
El presidente Pedro Castillo, encarcelado desde el golpe de Estado que lo destituyó en diciembre del 2022, ha sido enfático no aceptar un abogado ni prestarse a la pantomima de juicio que ya tiene una sentencia anunciada. Recientemente invitados al Perú, las eminencias del derecho penal, los juristas argentino Eugenio Zaffaroni y español Manuel Cancio Meliá, concluyeron que, en términos de derecho penal, no existió delito de rebelión ni intento de golpe por parte de Pedro Castillo. Solo queda la responsabilidad de los jueces peruanos de asumir un veredicto amañado y de venganza política ya que el único crimen del profesor de Cajamarca fue sentarse en la silla de Pizarro, que, desde hace 500 años, la clase dominante colonial y sus seguidores criollos consideran como propia.
La Línea