El 28 de julio Perú conmemoró 203 años de vida independiente. El inacabable e insulso mensaje a la nación de Dina Boluarte y las protestas de organizaciones sociales y victimas de las masacres, demostraron que el ambiente de crisis generalizada se mantiene y su resolución democrática se vislumbra lejana, aunque no por ello imposible.
Justamente, la magnitud de la crisis peruana obliga a plantearse caminos hacia una salida democrática y popular que derrote electoralmente la coalición reaccionaria gobernante, y a la vez termine con la inestabilidad, abriendo un momento refundacional con una nueva Constitución. Para avanzar en tal sentido, es importante abordar dos procesos claves; de un lado la estabilización del régimen Boluarte que consolida la salida autoritaria, de otro lado, las posibilidades de articular un bloque popular capaz de empujar una salida democrática favorable a las mayorías.
Estabilización del régimen y consolidación de la salida autoritaria
Partimos de reconocer la consolidación de Dina Boluarte en la presidencia de la república como careta legal de los grupos de poder que perdieron las elecciones especialmente partidos de derecha como el fujimorismo, Alianza para el Progreso o Avanza País. Tal estabilización ha sido posible debido a la decisión de la coalición golpista – Congreso, Fiscalía, medios de comunicación y grupos de poder empresarial- de mantenerla y sellar un pacto de sobrevivencia por el cual el Congreso mantiene a Boluarte en el gobierno y ella se somete a sus dictados. No es un pacto entre iguales; hay una prevalencia del Congreso, un parlamentarismo de facto construido desde los embates golpistas contra el gobierno de Pedro Castillo recortando facultades al ejecutivo y destruyendo el equilibrio de poderes con la venia de muchos “demócratas”.
El encargo de Dina Boluarte es concreto y ha cumplido ampliamente con su parte. Ha dejado que el fujimorismo y la derecha le impongan el programa de gobierno y el gabinete de ministros. Ha relanzado el neoliberalismo como modelo de gestión para la economía favorable a los grupos de poder empresarial. También ordenó disparar contra los manifestantes cuando las protestas paralizaban el país e indultó al “moribundo” Alberto Fujimori. A cambio de su obediencia, Boluarte disfruta la frivolidad del poder luciendo relojes rolex, sometiéndose a costosas cirugías estéticas y viajando al extranjero porque dentro del Perú no puede hacerlo sin sentir el rechazo ciudadano. Es un gobierno incapaz, corrupto e impopular, pero eso poco importa a una mandataria concentrada en mantenerse en el poder para evitar la cárcel.
Boluarte lleva diecinueve meses en Palacio (Pedro Castillo apenas llegó a los quince) y por ahora el pacto que mantiene con la derecha goza de buena salud. Lo más probable es que tal acuerdo persista y no alteren el calendario electoral que prevé las elecciones generales en abril del 2026. Así las cosas, el país deberá soportar dos años más de arremetida restauradora que profundiza el modelo neoliberal de manera autoritaria y mafiosa. En lo económico, se aprueban proyectos y leyes desfavorables a la nación que en condiciones democráticas no serían viables como el proyecto minero Tía María en Arequipa o la privatización definitiva de Petro Perú. En lo político avanzan en controlar instituciones claves, como la Fiscalía o la Junta Nacional de Justicia, teniendo como objetivo final los organismos electorales, pues no pueden ganar elecciones limpiamente.
Cada día que Dina Boluarte y la coalición golpista pasan en el poder significan mayor deterioro para el país y un incremento del rechazo ciudadano que será una mochila difícil de cargar conforme se acerquen las elecciones. En ese marco, los sectores privilegiados agrupados en distintos partidos de derecha empiezan a distanciarse del gobierno, articulando sus propios bloques y perfilando sus candidatos. Buscan legitimar la salida autoritaria que impusieron el 7 de diciembre del 2022 cuando destituyeron a Castillo, reprimieron brutalmente las protestas, y aprobaron una vacancia ilegal normalizando un régimen a todas luces irregular e ilegitimo. Apuestan nuevamente a ganar mayoría parlamentaria con figuras fuertes en el Senado que les permitan consolidarse en el poder varias décadas más. Hasta ahora el político que ha concitado mayor atención es el excandidato al senado de Japón Alberto Fujimori, pero también vocean otros como el alcalde de Lima López Aliaga o el empresario Carlos Añaños.
Fragmentación social y la (im)posible salida popular
Desde el campo popular las cosas no han sido sencillas. La elección de Pedro Castillo por los sectores más empobrecidos y relegados del neoliberalismo marcó un hito de protagonismo político que las clases dominantes no estaban dispuestas a tolerar. Desconocieron su voto inventando un fraude, boicotearon el gobierno de su presidente y no pararon hasta imponer a punta de balazos el régimen usurpador que hoy gobierna.
Desde entonces las condiciones de vida han empeorado para el pueblo; la inseguridad alimentaria afecta al 52% del país, la pobreza y la extrema pobreza se han incrementado lo mismo que la anemia infantil. El rechazo a los poderes del Estado alcanza picos históricos por encima del 90%, lo mismo que la desconfianza a los medios de comunicación genuflexos a los poderes de turno.
Los esfuerzos de las élites por aplastar al pueblo se han estrellado con la determinación popular de afirmar un inusitado protagonismo político expresado en el “sujeto plebeyo” que ha emergido los últimos años en adaptación y resistencia al neoliberalismo, esos sectores empobrecidos, precarizados, informales básicamente del sur andino, pero también la zona agroexportadora y la selva alta. Son comerciantes, moto taxistas, colectiveros, cocaleros, pueblos originarios, mujeres vendedoras de mercados y/o jóvenes jornaleros y estudiantes provincianos. Es el sector que votó por Pedro Castillo desde la primera vuelta, respaldó su gobierno y tomó las calles durante las protestas del 7D. Este país “plebeyo” fue afectado por las masacres y la judicialización de líderes sociales, que amainaron su potencial movilizador. Pero mantienen la crítica al sistema y la demanda de cambios profundos y no van a dejar de buscar su propia representación, tal como lo hicieron el 2021.
Ante la complicidad con el régimen Boluarte de la izquierda parlamentaria y la pasividad de las clases medias progresistas, este sujeto emerge con potencia transformadora y podría protagonizar esa salida democrática, popular y refundacional que requiere la crisis. Sin embargo, es innegable también la profunda fragmentación y dispersión que atraviesa el campo popular que ha impedido consolidar una sola estructura organizativa representativa capaz de liderar la oposición al régimen. Ni CONULP ni CNUL han lograron afirmarse y se entramparon en disputas internas que menguaron su convocatoria. Más aun, de cara al escenario electoral, la afluencia de partidos inscritos en un sistema político débil suma a la dispersión, lo mismo que múltiples personajes que ya anuncian candidaturas.
Conseguir una salida democrática a la crisis protagonizada por este sector plebeyo, requiere entonces superar la fragmentación para confluir en una sola herramienta política. El punto es cómo lograrlo. Hasta ahora hemos asistido al acercamiento de agrupaciones políticas que buscan representar el campo popular. Es el caso de Antauro Humala, cuya retórica frontal puede calar especialmente en sectores urbano-populares empobrecidos, aunque carga con el pasivo de respaldar a Dina Boluarte y no participar e incluso despreciar las protestas del 2022. También se cuentan las izquierdas agrupadas en la Coordinadora de Organizaciones de Izquierda del Perú (COIP) incluyendo el Nuevo Perú o Patria Roja, que, pese a contar con inscripción, carecen de arraigo territorial y base social, además del posicionamiento ambiguo y tardío frente a Dina Boluarte por parte de sus líderes. De otro lado, los sectores que más claramente se movilizaron el 7D y revindican el estallido incluyendo la libertad de Pedro Castillo, se encuentran aún dispersos, intentando agruparse en distintos partidos que buscan inscripción y afectados todavía por la criminalización y las desconfianzas mutuas.
Es pronto para saber si estos procesos de acercamiento prosperaran, se articularán entre sí o surgirá uno distinto. No hay tampoco claridad respecto a que liderazgo podría ser el motor que cohesione estos grupos dispersos y hasta enfrentados, afectados por la extendida fragmentación del tejido social. Lo que sí sabemos es que la salida democrática a una crisis profunda y prolongada como la que vive Perú requiere asumir consensos básicos que permitan ganar poder y gobierno a las mayorías. Más allá de coordenadas ideológicas que hoy no dicen nada al pueblo peruano, esos consensos deben partir de reconocer el protagonismo de los de abajo, asumiendo el compromiso de instalar una nueva correlación de fuerzas que abra paso a una nueva Constitución escrita por y para los pueblos que conforman la patria.
Anahi DURAND