Son siete meses desde que el Parlamento destituyó a Pedro Castillo y juramentó a Dina Boluarte como presidenta. Desde entonces, la coalición golpista que inventó un fraude y boicoteó el gobierno de Castillo, avanza en recobrar el poder que creyeron perder por quince meses. Cada vez con menos modales democráticos, instalan en Perú un proyecto restaurador autoritario y mafioso, copando todos los poderes del Estado. El gran obstáculo en sus fines es la movilización popular que estalló el mismo 7 de diciembre, exigiendo por unanimidad la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva Constitución. Se replegaron ante la brutal represión y la necesidad de reordenar las fuerzas, pero el 19 de julio reiniciaron las protestas.
Es un escenario muy complejo de descomposición de los poderes existentes, tensiones al interior de los actores sociales y encrucijadas históricas. Para analizar mejor la coyuntura abordamos la problemática desde dos aristas; de un lado la restauración en marcha comandada por los sectores más retardatarios y corruptos de la política peruana, de otro lado la movilización popular desde abajo que demuestra determinación y persistencia, aunque también limitaciones que dificultan el logro de sus objetivos.
Restauración autoritaria y mafiosa
Es bastante evidente que Perú vive una arremetida autoritaria donde la coalición golpista, conformada por el fujimorismo y la derecha, grupos de poder económico, medios de comunicación y fuerzas armadas, actúa como un bloque restaurador con Dina Boluarte como careta legal. Más allá de sus diferencias, coinciden en la tarea de relanzar el modelo neoliberal y continuar subordinando el Estado al mercado, dejando a la ciudadanía desprotegida y permitiendo el saqueo de los recursos mientras se beneficia una élite minoritaria.
En los 90, Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y sus socios políticos y empresariales, tenían claro que la democracia era un obstáculo para imponer el neoliberalismo, pues nada mejor que una dictadura para rematar empresas públicas, hacer negocios con transnacionales y ganar dinero con la gran corrupción. Les funcionó bien y para sostenerse acabaron con la autonomía de las instituciones, acumulando todos los poderes. Hoy el bloque restaurador reedita su pasado mafioso y autoritario copando los poderes del Estado en base al uso de la fuerza y componendas parlamentarias. Han tomado el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo y ahora persiguen controlar el sistema judicial nombrando los titulares de la nueva Junta Nacional de Justicia.
Pero no les basta con controlar el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Para minimizar riesgos buscan tomar el sistema político. Desde el Parlamento han inhabilitado opositores como el expresidente Martín Vizcarra, la ex fiscal de la Nación Soraida Avalos y muy probablemente sumen a su lista a Aníbal Torres, ex premier de Pedro Castillo. Además, la mayoría fuji derechista del Congreso pretende intervenir los organismos electorales, especialmente el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). No quieren repetir el susto que se llevaron el 2021 y es mejor asegurarse que gane uno de los suyos.
Esta dramática situación no era difícil de prever. Desde que la coalición golpista inventó un fraude e impulsó una moción de vacancia a tres meses de instalado el gobierno de Pedro Castillo, quedó claro que no acataban las reglas democráticas. Los constantes cambios al reglamento del Congreso y a la Constitución para socavar el poder del ejecutivo, también alertaron de ello. El que exculparan a Boluarte de las denuncias en curso y la juramentaran presidenta ya no dejó dudas de que gobernarían a través de ella. Pero el centro liberal progresista, fuera por ingenuidad, complicidad o repulsión a Castillo, avalaron el régimen y apenas hoy critican la situación.
Vale destacar que la coalición golpista y restauradora no tiene todas las de ganar. No contaban con la masiva respuesta popular que estalló el 7 de diciembre y remeció el país durante tres meses. Tuvieron que asesinar más de 60 peruanos y dejar cientos de heridos y detenidos para conseguir el repliegue de las movilizaciones y aun así el pueblo retoma las calles. Además, la economía peruana camina mal imponiéndose la recesión, la caída del PBI, el desempleo y las malas proyecciones económicas. Es innegable que la inestabilidad política está impactando en la economía y esto dificulta enormemente el relanzamiento del modelo[1]. Ambos factores, son claves y causan fisuras en la coalición gobernante. Mientras la ultraderecha de Renovación Popular y los gremios empresariales quieren sostener a Dina Bolaurte lo más posible, Keiko Fujimori se ha pronunciado a favor de un adelanto de elecciones pues tiene mejores condiciones para participar y no quiere cargar con la mochila de alguien tan odiada como Boluarte.
Movilización popular; luces y sombras
La movilización popular que irrumpió en todo el territorio nacional y especialmente en el sur andino entre diciembre y marzo colocó en escena a un nuevo sujeto político colectivo. En su gran mayoría, se trataba de hombres y mujeres integrantes del mundo popular surgido en adaptación y resistencia al neoliberalismo; trabajadores informales, campesinos, jornaleros de la agroexportación, mototaxistas, estudiantes, cocineras o microempresarios. Muchos de ellos de origen indígena que mantienen una raíz comunitaria, tienen cultura, lengua, autoridades propias, profesionales y propuestas sobre el uso de los recursos y ahora también avanzan en conciencia política.
Estos sectores movilizados participaron activamente en el juego democrático eligiendo el 2021 por primera vez en la historia un presidente de ellos. Pero los grupos de poder que identifican concentrados en Lima despreciaron su voto, boicotearon su gobierno, encarcelaron a su presidente y colocaron a Dina Boluarte. Desde el inicio, la movilización fue respondida con una cruenta represión y criminalización. Sendos informes de organismos internacionales dan cuenta de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas armadas y policiales bajo responsabilidad de Boluarte. Enfrentar la violencia estatal, el “terruqueo” y la judicialización ha sido y es una prueba muy dura e influyó decisivamente en el repliegue de las protestas.
No se trata todavía de un movimiento sólidamente constituido y los desafíos externos internos que debe enfrentar son enormes. Ante todo, tiene que superar limitaciones estructurales presentes en los movimientos sociales de Perú, tales como la fragmentación territorial, los caudillismos locales y la desconfianza con el campo político. Es el caso de la disputa al interior del Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (CONULP) espacio que intentó aglutinar a los grupos regionales movilizados en diciembre pero que ha terminado tensado por divisiones. Mientras un sector apuesta por nuevas elecciones, otro reclama la restitución de Pedro Castillo, no deberían ser situaciones insalvables, pero lo son debido a la desconfianza y dispersión existente.
Los sectores movilizados evidencian también serias limitaciones para concretar alianzas que podrían fortalecer su lucha y mejorar las posibilidades de lograr sus demandas. Se imponen profundas desconfianzas y desencuentros con partidos de izquierda y el sector tradicional de movimientos sociales. Es un desencuentro de ida y vuelta. De un lado los sectores de izquierda y sindicatos buscan imponer su agenda demandas y ven al sujeto popular como desordenado y maximalista. De otro lado, los sectores populares ven a la izquierda como parte de la misma clase política y a los sindicatos como conciliadores. Es mayor la distancia con el centro liberal que los considera violentos y peligrosos mientras el pueblo movilizado los considera aliados de los golpistas que boicotearon el gobierno de Castillo. Aunque la gravedad de la arremetida autoritaria ameritaría una alianza amplia con coincidencias puntuales, por ahora no ha sido posible.
La movilización popular en Perú nos muestra que ha emergido un sujeto plebeyo que podría construir su propia representación disputando en mejores condiciones la conducción del Estado. Pero la cruenta represión, la criminalización de la protesta, la fragmentación de la lucha, las disputas internas y la falta de aliados, podrían menguar sus posibilidades, aislarlos y disgregarlos. No es sencillo derrocar una dictadura y menos cuando se sostiene en una coalición mafiosa y autoritaria con tentáculos en todo el Estado. Se requiere mucho más que siete meses de movilización popular, hace falta consolidar estructura, tejer redes y alianzas que sin ceder protagonismo amplíen su margen de acción. La III toma de Lima ha iniciado con potencia, pero necesita más política que las anteriores para lograr resultados concretos y no generar frustraciones. El desenlace está abierto, pero sea cual fuere, la movilización ha abierto un camino de democratización que será difícil cerrar, el país ya no es el mismo.
Anahi DURAND
[1] Al respecto ver por ejemplo: https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/peru/moodys-no-preve-revisar-la-calificacion-y-perspectiva-negativa-de-peru-este-2023/?utm_source=twitter&utm_medium=organic&utm_campaign=post&utm_id=CTA