En Perú, el uso del «terruqueo» se ha consolidado como un mecanismo para criminalizar y desacreditar a sectores críticos del gobierno, particularmente en tiempos de crisis política y movilización social. Esta práctica, que consiste en vincular a disidentes políticos y manifestantes con el terrorismo, ha sido utilizada por diversos gobiernos para justificar la represión y desviar la atención de demandas legítimas. A lo largo de las últimas décadas, el terruqueo ha permeado el discurso público y judicial, afectando tanto a individuos como a movimientos sociales en su derecho a la protesta y la participación política. Este artículo explora dos aspectos clave de esta problemática: el terruqueo como herramienta de represión en el contexto de las protestas y crisis política actuales, y el análisis del Caso Perseo, un controvertido proceso judicial que plantea interrogantes sobre el límite entre la seguridad nacional y la persecución de la disidencia. La criminalización de los activistas sociales bajo la sospecha de terrorismo evidencia los desafíos para la democracia y los derechos humanos en un contexto marcado por la polarización y la desconfianza en las instituciones.
- Terruqueo como Herramienta de Represión: Protestas y Crisis Política
El terruqueo en el Perú ha demostrado ser una herramienta poderosa no solo para deslegitimar a opositores políticos, sino también para reprimir las protestas sociales y controlar la disidencia. En los últimos años, especialmente en momentos de crisis política, esta táctica ha sido empleada para justificar medidas represivas contra diversos movimientos sociales y manifestantes que desafían al Estado. Este uso del terruqueo no solo afecta a individuos, sino que tiene implicaciones profundas para la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la estabilidad democrática en el país.
El Terruqueo en la Era Post-Fujimori: Una Estrategia Recurrente
Desde el retorno a la democracia tras la caída del régimen de Alberto Fujimori en el año 2000, el terruqueo ha sido recurrentemente utilizado por los gobiernos de turno para criminalizar a movimientos sociales que cuestionan políticas gubernamentales. Esta estrategia ha servido para desviar la atención pública de las demandas legítimas de estos movimientos, asociándolos con el terrorismo y justificando así la represión estatal.
Durante el segundo mandato de Alan García, el terruqueo fue empleado para desacreditar a las comunidades indígenas y campesinas que protestaban contra la explotación de recursos naturales en sus territorios.Un ejemplo notable fue el conflicto de Bagua en 2009, conocido como el “Baguazo», donde manifestantes que se oponían ala explotación petrolera en tierras amazónicas fueron etiquetados como “terroristas ambientales”. Esta narrativa permitió justificar el uso de la fuerza, resultando en un enfrentamiento que dejó decenas de muertos y heridos.
En el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), el terruqueo se intensificó especialmente en el contexto de las protestas que exigían reformas estructurales en el país. Desde el inicio de su mandato, Castillo fue blanco de acusaciones de terrorismo por parte de sus opositores, quienes lo vinculaban con Sendero Luminoso debido a su pasado como líder sindical y su asociación con el FENATEP (Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú). Estas acusaciones no solo provenían de la derecha política, sino también de algunos sectores de la izquierda, que intentaban distanciarse de Castillo para preservar su propio capital político. En lugar de abordar las demandas de estos sectores, que incluían el derecho a mejores condiciones laborales y acceso equitativo a los recursos, el gobierno y los medios de comunicación se centraron en deslegitimar a los manifestantes, etiquetándolos como terrucos para justificar la represión policial.
Dina Boluarte y la Criminalización de las Protestas
La destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022 y la asunción de Dina Boluarte a la presidencia marcaron un nuevo capítulo en el uso del terruqueo. Ante la ola de protestas masivas que exigían su renuncia y el adelanto de elecciones, el gobierno de Boluarte recurrió al terruqueo como estrategia para contener y deslegitimar el descontento social.
Las regiones del sur andino, históricamente marginadas y afectadas por políticas extractivistas, fueron el epicentro de las protestas. Ciudades como Ayacucho, Puno, Cusco y Apurímac se convirtieron en escenarios de movilizaciones masivas. El gobierno respondió con un discurso que acusaba a los manifestantes de ser infiltrados por terrorismo reviviendo el fantasma del terrorismo para justificar la militarización de las protestas. El 15 de diciembre de 2022, en Ayacucho, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) aplicaron protocolos antiterroristas contra los manifestantes, resultando en la muerte de 10 personas. Las víctimas fueron inicialmente presentadas como “terroristas” que buscaban desestabilizar al país, aunque investigaciones independientes demostraron que eran civiles desarmados.
A inicios de 2023, la PNP llevó a cabo un operativo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ingresando violentamente al campus y deteniendo a más de 200 estudiantes y activistas que se encontraban organizando una vigilia en solidaridad con las protestas del sur. El operativo se justificó bajo la sospecha de que la universidad estaba siendo utilizada como base para planificar actos terroristas, aunque no se presentaron pruebas concluyentes de estas acusaciones.
Los medios de comunicación juegan un rol central en la amplificación del *terruqueo*. Al repetir acusaciones infundadas de terrorismo contra manifestantes y líderes sociales, los medios contribuyen a crear un clima de miedo y polarización, que facilita la aceptación de medidas represivas por parte de la opinión pública. Titulares que alertan sobre el «resurgimiento del terrorismo» o la «infiltración de senderistas» en protestas pacíficas sirven para movilizar el apoyo de la población en favor de acciones represivas del gobierno. La estigmatización del *terruco* también ha llevado a la autocensura de medios independientes y periodistas críticos, que temen ser acusados de hacer apología al terrorismo si cubren las protestas de manera favorable a los manifestantes.
- Caso Perseo: ¿Una Manifestación del Terruqueo?
El Caso Perseo es uno de los procesos judiciales más emblemáticos en la lucha contra el terrorismo en el Perú en la última década. Iniciado en 2014, este caso se centró en la acusación contra miembros y simpatizantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), quienes fueron vinculados con Sendero Luminoso. Entre los acusados se encontraban figuras como Elena Yparraguirre, Florindo Flores Hala (también conocido como «Camarada Artemio»), y Osman Morote, quienes ya habían cumplido condenas por su participación en actividades subversivas.
El contexto que dio lugar al Caso Perseo se enmarca en la reaparición del MOVADEF en la esfera pública a partir de 2009. Esta organización, liderada por exintegrantes de Sendero Luminoso, buscaba obtener reconocimiento político y promover la amnistía para los presos vinculados al conflicto armado interno. Las autoridades peruanas identificaron al MOVADEF como el brazo político de Sendero Luminoso, acusándolo de utilizar demandas de derechos fundamentales como una fachada para promover el «Pensamiento Gonzalo», la ideología de Abimael Guzmán.
El Estado peruano, en respuesta a esta amenaza percibida, aplicó el Decreto Ley N° 25475, que sanciona severamente a quienes promuevan, afilien o apoyen a organizaciones terroristas. El juicio del Caso Perseo fue largo y complejo, con un abundante volumen de pruebas documentales y testimoniales. La Fiscalía argumentó que el MOVADEF no era un movimiento político legítimo, sino una extensión de Sendero Luminoso que buscaba reorganizarse y captar nuevos simpatizantes bajo el discurso de amnistía y defensa de los derechos humanos. Los testimonios de colaboradores eficaces desempeñaron un papel clave al describir cómo el MOVADEF, supuestamente, buscaba revitalizar la lucha armada utilizando tácticas legales y políticas.
El fallo final del tribunal, resultó en sentencias de cadena perpetua para varios líderes históricos como Yparraguirre y Morote, mientras que otros acusados recibieron condenas que oscilaban entre 15 y 25 años de prisión. Además de las penas de prisión, se impusieron multas y reparaciones civiles, así como inhabilitaciones para ocupar cargos públicos y participar en actividades políticas. El tribunal justificó estas sentencias bajo el argumento de que la promoción del «Pensamiento Gonzalo» y la vinculación con una organización terrorista constituyen un peligro latente para la seguridad nacional. Sin embargo, la defensa apeló estas decisiones, señalando la falta de pruebas concluyentes que demostraran una reorganización activa de Sendero Luminoso a través del MOVADEF.
¿Es el Caso Perseo un Ejemplo de Terruqueo?
Algunos sectores consideran que el Caso Perseo refleja un uso excesivo y politizado de las leyes antiterroristas para silenciar a grupos críticos del Estado, particularmente aquellos que cuestionan las políticas neoliberales y abogan por la justicia social. Si bien el MOVADEF tiene una filiación ideológica con el pensamiento Gonzalo, el hecho de que sus integrantes abogaran por medios legales y democráticos para lograr sus objetivos plantea preguntas sobre si su persecución fue realmente una cuestión de seguridad nacional o una estrategia para deslegitimar cualquier voz disidente.
El juicio, se basó gran parte de la acusación en testimonios de colaboradores eficaces, interceptaciones telefónicas y pruebas circunstanciales que no necesariamente demostraban una intención clara de reorganizar Sendero Luminoso. Este uso de pruebas indirectas ha sido criticado como una forma de terruqueo judicial, en la que se asume culpabilidad sin evidencia directa. La cobertura mediática del Caso Perseo contribuyó a la estigmatización de los acusados, creando un ambiente de miedo y desconfianza hacia cualquier movimiento que abogue por cambios sociales profundos. Impacto en los Derechos Civiles y Políticos:
Este caso ha tenido un efecto paralizador en la política peruana, especialmente entre los movimientos sociales y de izquierda, que temen ser acusados de terrorismo simplemente por cuestionar el status quo. El uso del *terruqueo* para criminalizar la protesta social y la oposición política ha llevado a una erosión de los derechos democráticos en el país.
El Caso Perseo muestra cómo el terruqueo puede ser instrumentalizado por el Estado no solo como una medida de seguridad, sino también como una herramienta de control político. Si bien es cierto que la amenaza del terrorismo en el Perú no debe subestimarse, el uso indiscriminado de acusaciones de terrorismo para perseguir a disidentes plantea serias preocupaciones sobre los límites de la justicia y la protección de los derechos fundamentales.
Reflexiones finales
El fenómeno del terruqueo en Perú refleja una peligrosa instrumentalización de la justicia y los medios para controlar la oposición social y política. Como lo ejemplifica el Caso Perseo, la ambigüedad en las leyes antiterroristas y su aplicación extendida a sectores de izquierda o críticos del gobierno han generado un clima de miedo y autocensura que socava la libertad de expresión y los derechos democráticos. La criminalización de la disidencia bajo acusación de terrorismo no solo afecta a los directamente involucrados, sino que también paraliza a la sociedad civil en su conjunto, limitando el espacio para el debate y el cambio social. Reconocer los límites y el impacto del terruqueo es fundamental para promover una justicia imparcial y evitar que el Estado vulnere derechos fundamentales en nombre de la seguridad. Solo así será posible avanzar hacia una democracia que respete la pluralidad de voces y asegure la protección de los derechos humanos frente a la represión estatal.
Natalí DURAND