Hace 200 años, en la Pampa de Quinua en Ayacucho, el ejercito libertador libraba la batalla que acabaría con el yugo español en el continente. Cumplida la tarea, el 9 de diciembre de 1824 en horas de la tarde, Antonio José de Sucre, montado en su famoso caballo Turdillo, contemplaba una paradójica victoria. El bando realista bajo las órdenes del general Canterac, estaba conformado mayoritariamente por oficiales y tropas peruanas. El ejercito independentista, contaba en su mayoría con soldados provenientes de Venezuela y Colombia, apoyados por algunos batallones argentinos y chilenos. Los regimientos de caballería de los húsares peruanos eran minoritarios.
En los albores de la república, los dos “primeros” presidentes de Perú, José de la Riva Agüero y José Bernardo de Tagle y Portocarrero, marqués de Torre Tagle, se sumaron a las filas del imperio español para contrarrestar el avance de las tropas del Libertador Simón Bolívar. Las élites peruanas nunca fueron verdaderamente independentistas ni tuvieron un proyecto de nación y justicia social cercano a la idea de Patria Grande bolivariana. Mientras ocurrían estas disputas, el pueblo llano todavía marcado por el martirologio de Tupac Amaru II o la desaparición de Juan Santos Atahualpa, veía con recelo estas pugnas de criollos a las cuales nadie los había convocado.
Luego de la salida de Bolívar del Perú se impuso la continuidad colonial usando y desfigurando el nombre de república. Lejos de ser la “causa común”, se pervirtió el vocablo para mantener una sociedad de dominación, injusta y profundamente segregacionista. De la Res Publica siempre estuvieron excluidos las mayorías populares que poblaban el Perú; los pueblos indígenas, los campesinos, los afro descendientes, la gente de a pie. En la práctica, el Perú siguió funcionando como una colonia sin metrópoli: un conjunto de tierras dominadas y saqueadas por nuevas elites que carecían de proyecto nacional. La aplastante derrota peruana en la guerra contra Chile, puso en evidencia la inviabilidad de ese modelo. La burguesía del vecino país, inflada por un nacionalismo ambicioso y expansionista, logró conquistar rápidamente unos territorios que no se asumían realmente como un país.
El avance chileno sólo pudo ser contenido por la integración de comunidades indígenas de la sierra central en la resistencia. Estas comunidades, que mantuvieron un margen de independencia desde los tiempos de la colonia, defendieron sus tierras contra los maltratos de las tropas de ocupación. Andres Avelino Cáceres vio propicia la situación para incluir estos sectores indígenas tradicionalmente excluidos en función de un objetivo nacional común. Pero la ruptura con el régimen de exclusión duro muy poco. Apenas Caceres logró hacer retroceder las tropas chilenas e instalarse en la presidencia, asesinó a sus antiguos aliados indígenas y restableció la segregación. Este regimen, heredado de la colonia española, fue la norma durante toda la época republicana peruana y ha logrado sostenerse hasta nuestros días -con la honrosa excepción del paréntesis democratizador del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas (1968-1975).
La continuidad del proyecto colonial, que implica la exclusión de sectores importantes de la población (mayoritariamente indígena, campesina y urbano popular) y el saqueo de los territorios por parte de la elite, ha impedido la construcción de una patria inclusiva para todos. Hoy más del 40% del territorio peruano está concesionado a multinacionales extranjeras y en regiones como Ancash, Apurimac, La Libertad, Arequipa o Moquegua, esta cifra alcanza el 50%. El Estado ha cedido buena parte de sus responsabilidades en servicios y la administración civil a ONGs que sólo rinden cuenta a sus financistas extranjeros. Todos los sectores estrategicos de la economia -salvo el famélico PetroPeru en permanente riesgo- responden a intereses foráneos. Además, desde su ilegitima toma de mando el 7 de diciembre de 2022, Dina Boluarte ha reforzado la presencia del ejército de los Estados Unidos en el país. No es de extrañar esta ausencia de soberanía si Perú nunca se pensó como país.
A 200 años de la Batalla de Ayacucho, el régimen de Boluarte ha roto las relaciones con los gobiernos de Venezuela y Colombia y tiene el mayoritario rechazo de su propio pueblo. Este 9 de diciembre de 2024, en ausencia de los países que enviaron sus tropas a liberar el continente, el gobierno peruano nuevamente se alinea del lado del imperio y excluye a la población de las celebraciones. A 200 años de la primera independencia, es tiempo que los pueblos del Perú se miren a si mismos como un país independiente y soberano, dispuesto a refundar la República y construir un proyecto (pluri)nacional inclusivo.
La Línea