En Perú, el gobierno ha anunciado la “fusión” del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), instancia que en la práctica lo subsumirá, asumiendo la mayor parte de sus funciones.
La anunciada desaparición del Ministerio de la Mujer no llega de sorpresa. A nivel nacional e internacional ganan terreno grupos conservadores que imponen sus posturas ideológicas y religiosas. Lo vemos en Perú donde estos sectores mantienen presencia en el Congreso y hoy cogobiernan con Dina Boluarte. Lo vemos a nivel internacional en Argentina donde el presidente Javier Milei cerró en pocos meses el Ministerio de las mujeres, géneros y diversidad. Argumentan razones técnicas como la restructuración del Estado o el ajuste presupuestal, pero en realidad responden al objetivo político de anular la institucionalidad y legislación orientada a garantizar igualdad.
En tiempos en que la violencia y precarización de la vida afecta a millones de mujeres, contar con instituciones que trabajen por sus derechos es una necesidad. En Perú, cada día del 2023 se registraron 4 embarazos infantiles forzados de menores de 14 años. Asimismo, entre enero y julio del 2024 se denunciaron 104 feminicidios. Son también las mujeres las más afectadas por el incremento de la pobreza registrado por el Instituto de Nacional de Estadística, lo mismo que la anemia que impacta principalmente en las niñas. Son datos demoledores que revelan la vulnerabilidad y desigualdad de niñas, adolescentes y mujeres en un país que hasta hace poco se jactaba de crecimiento macro económico sostenido.
La desaparición del MIMP debe ser rechazada porque atenta contra las mujeres exponiéndolas a mayor desprotección y clausurando la institucionalidad existente. Denunciar esta iniciativa es urgente, pero también lo es comprender por qué esta situación es aceptada por buena parte de la ciudadanía y qué desafíos enfrentamos para lograr un Estado que garantice bienestar y equidad.
Gobierno, mujeres e igualdad; una deuda pendiente
El Ministerio de la Mujer fue creado en 1996 por Alberto Fujimori. Al mismo tiempo que esterilizaba mujeres indígenas, el dictador implementaba el entonces Ministerio de Promoción de la Mujer con una abierta función clientelar. Mucho del respaldo que todavía mantiene el fujimorismo, es en ese sector empobrecido al que distribuyó alimentos, cocinas o reparó sus viviendas. El “Chino” se jactaba de atender los problemas de las mujeres populares directamente, despreciando organizaciones autónomas y feministas.
El 2012 el gobierno de Ollanta Humala cambió el nombre a Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Se mantuvo la rectoría en derechos de la mujer, pero los programas sociales fueron transferidos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El MIMP se organizó en dos viceministerios; el de la Mujer básicamente normativo y el de Poblaciones Vulnerables (infancia, tercera edad y población con discapacidad) con sesgo asistencial. La última década, el MIMP se ha mantenido con escaso presupuesto, dos estructuras poco ensambladas y mínima presencia territorial. Ha visto además sumamente limitada la prestación de servicios abocada básicamente a la lucha contra la violencia vía los Centros de Emergencia Mujer (CEM) que no llegan a 500 y deberían ubicarse en cada uno de los 1800 distritos del país. Tal situación aleja al Ministerio de las necesidades y problemas cotidianos de los sectores más empobrecidos.
No obstante, pese a su limitada capacidad de acción, el Ministerio de la Mujer ha sido blanco permanente de los ataques reaccionarios y religiosos que han ganado terreno en la política y la sociedad peruana. Las elecciones generales del 2021 el voto mayoritario de ciudadanos conservadores, contrarios a lo que la denominan la “ideología de género”, colocó parlamentarios de izquierda y derecha en bancadas como Renovación Popular, el Fujimorismo o Perú Libre. En buena parte también, estos sectores populares conservadores, eligieron como presidente a Pedro Castillo.
Al iniciar el gobierno de Pedro Castillo, asumí como ministra de la Mujer con el encargo de acercar el Ministerio a los sectores populares. Contra algunos pronósticos alarmistas interesados, el presidente Castillo respaldó nuestras propuestas incorporando en la Política General de Gobierno temas como el enfoque de igualdad, derecho al cuidado o la autonomía económica con programas como Mujer emprendedora. También se logró implementar la pensión universal para huérfanos de la pandemia que beneficiaba especialmente a madres jefas de hogar. De otro lado, se propuso la reestructuración del Programa Aurora en base a Centros de atención y prevención, además de enviar al Congreso un proyecto de Ley para la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Desarrollar esta agenda era una tarea de mediano plazo, imposible de cumplir en un contexto de boicot, lafware y deliberado golpismo. Finalmente, tras la juramentación de Dina Boluarte, en abril de 2023 la mandataria aprobó una nueva política general con un claro enfoque conservador.
Sucesivos gobiernos neoliberales, han conseguido distanciar al MIMP de los problemas cotidianos de las mujeres populares despojándolo de la prestación de servicios que aportan a la reproducción de la vida y anulando su capacidad de trabajar programas de autonomía económica que amplíen su independencia. Políticos conservadores junto a voceros mediáticos, han avanzado en instalar la idea de que el MIMP no sirve y es un gasto innecesario. Para ellos, cerrar el Ministerio de la Mujer es un paso más dentro de su esquema de Estado mínimo, desentendido de cuestiones claves para construir un piso de igualdad, tal como lo son vivir sin violencia o tener derecho al cuidado.
Frente a la arremetida reaccionaria, se impone la tarea de rechazar la desaparición del Ministerio de la Mujer, pero también la urgencia de superar una institucionalidad caduca y debilitada. La crisis abre la posibilidad de definir qué tipo de ministerio necesitamos hoy para atender a las mujeres, principalmente a las más empobrecidas: mujeres aimaras, quechuas, amazónicas, jóvenes rurales, trabajadoras informales entre otras que sufren con mayor dureza la desigualdad del sistema. El Feminismo ha democratizado la sociedad, pero la renovada crisis de la democracia liberal plantea el reto de atender con mayor precisión las demandas populares, confrontando en la cancha recetas vacías de conservadores y neoliberales. La construcción de un nuevo pacto social que reorganice el Estado, implica acordar las instituciones necesarias para convivir con libertad, bienestar y dignidad, sin que nadie quede atrás.
Anahi DURAND